Tras la polémica por los CEDEARs, el Gobierno retiró del Congreso la Ley de Competitividad Financiera
La decisión se produjo luego de la reacción negativa que despertó entre operadores financieros, analistas e inversores un apartado de la iniciativa que eliminaba la exención del Impuesto a las Ganancias para determinadas operaciones con Certificados de Depósito Argentinos (CEDEARs), uno de los instrumentos más utilizados por los ahorristas locales para invertir en activos del exterior.
La propuesta original contemplaba una reforma integral de 240 artículos y modificaba más de una veintena de leyes y decretos; entre otros aspectos, incorporaba la tokenización de activos al marco legal argentino, habilitaba el uso de activos digitales como garantía de créditos, modernizaba los regímenes de pagarés, cheques y warrants, flexibilizaba la operatoria del mercado de capitales y creaba un nuevo Sistema Federal de Registro de Garantías.
Según había explicado el Poder Ejecutivo en los fundamentos del proyecto, el objetivo era ampliar el acceso al financiamiento, reducir costos de transacción, fortalecer la seguridad jurídica y adaptar la legislación a los desafíos de la economía digital; no obstante, el capítulo tributario terminó eclipsando el resto de la iniciativa.
El texto enviado al Parlamento establecía que los CEDEARs adquiridos a partir del 31 de octubre de 2026 dejarían de gozar de la exención vigente en el Impuesto a las Ganancias cuando fueran negociados en mercados autorizados; de aprobarse esa modificación, las ganancias obtenidas por su compraventa hubieran quedado alcanzadas por una alícuota del 15%.
La medida fue cuestionada por referentes del mercado, quienes advirtieron que afectaría una herramienta ampliamente utilizada por los pequeños y medianos inversores para acceder a acciones de compañías internacionales y, al mismo tiempo, protegerse de la volatilidad cambiaria.
Frente a las críticas, desde el Ministerio de Economía aseguraron que el artículo había sido incorporado por error y señalaron que correspondía a una versión preliminar del proyecto.
La aclaración fue respaldada públicamente por Felipe Núñez, asesor del ministro Luis Caputo, quien sostuvo que se trataba de un “borrador viejo” y confirmó que la disposición sería eliminada.
Sin embargo, la explicación no logró desactivar completamente la controversia. Distintos analistas señalaron que la modificación no sólo figuraba en el articulado, sino también en los fundamentos del proyecto, donde el Ejecutivo justificaba la eliminación del beneficio fiscal bajo el argumento de equiparar el tratamiento tributario entre quienes invierten directamente en activos extranjeros y quienes lo hacen mediante certificados negociados en el mercado argentino.
Ante ese escenario, el Gobierno optó por retirar la iniciativa para corregir el texto antes de volver a remitirlo al Congreso.
Fuente: parlamentario.com
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