El fiscal Picardi fiscal pidió informes a la ANSES para decidir si imputa a Cristina Kirchner por defraudación a la administración pública

El fiscal federal Franco Picardi solicitó a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) documentación clave antes de definir si avanza con la acusación por estafa, defraudación a la administración pública y falsedad ideológica contra Cristina Fernández de Kirchner. 
La causa, iniciada por una denuncia del organismo previsional, recayó en el Juzgado Federal 11, que tras la salida de Julián Ercolini quedó a cargo de Sebastián Casanello. 
El punto central del caso radica en la percepción de un adicional destinado a quienes residen en provincias del sur del país, pese a que la ex vicepresidente vivió en la Ciudad de Buenos Aires durante el período en que lo cobró. 
Según la denuncia presentada, Kirchner habría insertado datos falsos en declaraciones oficiales para acceder a este beneficio, lo que podría configurar un fraude contra el Estado. La ANSES acusó a Cristina Fernández de haber cobrado ilegalmente el plus por "zona austral" en dos beneficios previsionales: la asignación mensual vitalicia que percibe por haber sido presidente y la derivada de la pensión de su esposo, el ex mandatario Néstor Kirchner. 
 De acuerdo con la denuncia, CFK continuó cobrando este adicional a pesar de haber residido en Buenos Aires mientras ocupaba cargos públicos entre 2017 y 2023. 
El adicional en cuestión, establecido por la Ley N° 19.485, está destinado exclusivamente a quienes residen en Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa y el Partido de Carmen de Patagones, con el fin de compensar el alto costo de vida en esas regiones. 
Según datos oficiales, en noviembre de 2024 la ex mandataria cobró un total de $ 35.255.257,72 en jubilaciones, de los cuales $ 6.354.523 correspondieron al suplemento por "zona austral. Hasta el momento la ANSES aún no determinó con precisión el perjuicio patrimonial causado al Estado, pero el ex titular del organismo, Mariano De los Heros, anticipó que se exigiría la devolución de los montos percibidos irregularmente: “Son casi 7 millones por mes; a esa cifra hay que multiplicarla por 72 meses porque son seis años de cobro de este beneficio”. 
Fuente: elintransigente.com 
wdm.

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