Actualmente, quienes son condenados bajo este artículo del Código Penal reciben prisión perpetua; sin embargo, en caso de derogación, los delitos pasarían a ser considerados homicidios simples, con penas de 8 a 25 años.
Según la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), actualmente hay al menos 306 personas condenadas por esta figura penal, de las cuales la gran mayoría cumple prisión perpetua, de aprobarse la reforma, muchos de ellos podrían acceder a beneficios de reducción de pena o incluso obtener la libertad condicional.
El ex camarista y presidente del Colegio de la Abogacía, Ricardo Gil Lavedra, advirtió que una supresión del homicidio calificado por razones de género permitiría que los condenados presenten recursos de revisión para reducir sus penas o conseguir su liberación.
En la misma línea, la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia publicó un informe en el que señala que desde 2017 hasta 2023 las imputaciones por homicidio agravado por violencia de género crecieron un 21,9%, pasando del 56,9% en 2017 al 78,8% en 2023.
Este incremento evidencia la importancia de la figura del femicidio dentro del sistema penal argentino.
Además, el análisis judicial sostiene que el concepto de femicidio no solo responde a un castigo penal, sino que también busca visibilizar y sancionar una problemática estructural de violencia contra las mujeres y diversidades.
Ante las críticas y el impacto que la eliminación del femicidio podría tener en el sistema judicial, el Gobierno decidió reconsiderar la medida y analizar una alternativa; según fuentes oficiales, se está trabajando en un nuevo proyecto que mantendría ciertos agravantes relacionados con la violencia de género, pero bajo un marco más amplio que contemple la protección de la familia como bien jurídico.
Fuente: elintransigente.com
wdm.
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