La alternativa de “saltear” a las obras sociales sindicales (que se quedaban con un porcentaje de los aportes de trabajadores y empresas) está en vigencia desde diciembre de 2024 como opción voluntaria, pero por resolución de la Secretaría de Salud desde este viernes pasó a ser obligatoria.
El aporte al sistema de la salud por parte de los asalariados se compone de un 3% de su sueldo bruto, más un 6% por parte los empleadores, de esta forma se integra un monto que termina financiando a las obras sociales sindicales o prepagas.
En el caso que la prestación esté a cargo de una empresa, ese monto se descuenta del precio total de cada plan elegido; la diferencia la paga el trabajador, o el empleador, según sean las condiciones laborables establecidas.
El Gobierno entendió que facilitando la opción voluntaria de girarle directamente los fondos a las empresas de medicina privada (opción disponible desde diciembre) la mayoría de los trabajadores se inclinarían a realizar el trámite para pagar menos por la prestación final.
Sin embargo, desde el gobierno aducen que fueron muy pocos los que tomaron este camino y sugirieron la existencia de algún tipo de acuerdo entre empresas y sindicatos para limitar el efecto de la medida.
Cabe apuntar que en los casos en que la diferencia la pagaban las empresas, éstas no obtenían ningún beneficio y al no realizarse el cambio de modalidad mantenían una prenda de negociación con el sindicato.
Dado este escenario, el Ministerio de Salud publicó este viernes en el Boletín Oficial la Resolución 1/2025 por la que dispuso la obligación del giro directo a las empresas de medicina privada de los aportes derivados de los trabajadores; se estima que el universo de asalariados involucrados se ubica entre 1.300.000 y 1.400.00 millones.
El ministro de Salud, Mario Lugones, señaló: “Esto significa que se terminan los costos adicionales que solo existieron para que quienes no ofrecían ningún servicio de salud, se queden con una parte de los aportes y contribuciones de la gente” y agregó: “De esta manera, los famosos ‘sellos de goma’, que solo subsistían producto de la intermediación, no podrán continuar con un negocio de más de $ 30.000 millones por mes”.
La resolución también indica que los trabajadores que por algún motivo prefieran recibir la prestación de la obra social intermediaria tendrán 60 días para comunicar esa opción mediante un trámite online.
Fuente: lavoz.com.ar
wdm.
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