La investigación se centra en el notable incremento patrimonial que la pareja habría experimentado durante los años en los que ocuparon cargos de poder.
La causa se originó a partir de una denuncia presentada por Fernando Miguez, presidente de la Fundación por la Paz.
En su presentación, alertó sobre un crecimiento patrimonial "apreciable e injustificado" de Alperovich y su familia; además, la denuncia también alcanza a otros familiares y allegados del matrimonio.
Tras analizar la documentación y los elementos probatorios, el fiscal Marijuan determinó que las conductas denunciadas podrían encuadrarse en el delito de enriquecimiento ilícito, que prevé penas de hasta seis años de prisión.
La investigación tiene como eje central el presunto aumento desproporcionado de los bienes y activos de Alperovich y Rojkes durante su gestión en el poder.
La denuncia sugiere que la evolución patrimonial de la pareja no se condice con sus ingresos declarados, lo que motivó la intervención de la justicia.
La acusación también involucra a personas cercanas al matrimonio, lo que amplía el alcance de la investigación.
La justicia intentará determinar si existió un esquema de ocultamiento de bienes a través de testaferros o estructuras societarias que permitieron disimular el crecimiento patrimonial.
La justicia deberá ahora avanzar con la recolección de pruebas, pericias contables y testimonios para determinar si efectivamente hubo un incremento patrimonial ilícito.
De comprobarse, el ex gobernador y su esposa podrían enfrentar penas de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Fuente: elintransigente.com
wdm.
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