Diputados retomarán el debate por la baja de edad de imputabilidad que propone el Gobierno

El Gobierno reactivó la discusión legislativa sobre la baja de edad de imputabilidad. 
La próxima semana, del 24 de abril al 17 , se reunirá el plenario de comisiones de Diputados para avanzar en un dictamen que permita modificar la edad mínima a partir de la cual un menor puede ser responsabilizado penalmente como adulto; la propuesta central del oficialismo apunta a reducir ese límite de 16 a 13 años. 
La reunión convocará a las comisiones de Legislación Penal, Presupuesto y Hacienda, Familia, Niñez y Juventudes y Justicia; en total, se pondrán sobre la mesa 13 proyectos que abordarán este tema. 
Aunque hay diferencias, la mayoría de los bloques coincidieron en fijar la edad mínima en 14 años, lo que abrió una posibilidad de acuerdo que hasta hace semanas parecía lejana; los proyectos no se limitan a discutir la edad. 
También incluyen propuestas sobre las sanciones aplicables a los menores que cometen delitos, en esa línea se mencionan medidas como amonestaciones, tareas comunitarias, restricciones de contacto con determinadas personas y la obligación de reparar el daño causado.
La intención es que, además de garantizar justicia, se fomente la reintegración social de los jóvenes involucrados en delitos. Otro de los puntos sensibles del debate es la duración de las penas. 
El Gobierno de Javier Milei propone una pena máxima de 20 años , mientras que varios proyectos alternativos establecen un límite de 15 años . 
Esta diferencia será clave en la negociación parlamentaria, ya que revela enfoques opuestos sobre cómo castigar delitos graves cometidos por menores. 
La discusión legislativa había quedado suspendida por la conformación de una comisión investigadora del caso $Libra y la interpelación a funcionarios. 
Esa pausa había frenado el avance del tema, pero ahora el oficialismo busca retomar el impulso y volver a poner la seguridad en el centro de la agenda política. 
La baja de edad de imputabilidad divide posturas dentro del Congreso y en la sociedad. Mientras algunos sectores reclaman un régimen más estricto, otros insisten en la necesidad de no criminalizar a los adolescentes sin antes considerar su contexto social y familiar. 
Fuente: el intransigente.com 
wdm.

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