Ambas firmas propusieron adelantar el 50% del precio de procesamiento de girasol y etanol, respectivamente, lo que permitiría a Vicentin cubrir costos urgentes como salarios, transporte, insumos, cargas sociales y servicios públicos; a cambio, la empresa se compromete a pagar un 25% de los sueldos correspondientes a marzo esta semana y otro 25% a fin de mes.
Desde el entorno gremial no ven con buenos ojos el plan de pagos parciales y remarcaron que, por ahora, la situación es más grave incluso que el mes anterior, cuando se había realizado un depósito del 30% en las primeras semanas.
Tampoco hay certezas sobre el abastecimiento energético, ya que Vicentin mantiene deudas con proveedores y no tiene garantizado que no se produzcan interrupciones en el suministro eléctrico y de gas, indispensables para cualquier intento de reactivación.
El escenario es de paralización total desde el 4 de abril; la falta de ingresos agrava su ya deteriorada situación financiera, con pasivos por más de u$s 1.500 millones, decenas de juicios abiertos y una causa penal en marcha por presuntas maniobras fraudulentas.
La empresa sigue en concurso de acreedores desde 2020 y en febrero de este año se frustró la homologación judicial del acuerdo que había alcanzado con un grupo de inversores (ACA, Bunge y Viterra) por las apelaciones presentadas por algunos acreedores, entre ellos el grupo Grassi.
La empresa dice estar lista para volver a operar, pero todavía no tiene el respaldo de los trabajadores, ni las condiciones básicas aseguradas para hacerlo. Y mientras las definiciones no lleguen, el conflicto promete seguir escalando.
Fuente: ambito.com
wdm.
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