Este escándalo, que generó una “tormenta política” y golpea al gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se centra en el presunto desvío de cuantiosos fondos públicos.
Las investigaciones, anunciadas formalmente el 23 de abril y llevadas adelante por la Policía Federal, apuntan a la cobranza irregular de cuotas mensuales de jubilaciones a beneficiarios entre los años 2019 y 2024, donde se detectaron descuentos no autorizados en los recibos de jubilaciones y pensiones.
Estos descuentos habrían sido efectuados por sindicatos y otras asociaciones, con la posible complicidad de funcionarios del INSS, que en teoría debían prestar servicios a los jubilados, como asistencia jurídica u obtención de descuentos en planes de salud.
A pesar de la gravedad de las acusaciones en el organismo bajo su tutela, el ahora ex ministro Lupi aseguró que su nombre “no fue citado en ningún momento en las investigaciones en curso”.
En un comunicado, Lupi afirmó que todas las investigaciones contaron con el apoyo de su ministerio y de los órganos de control del Gobierno, y expresó su deseo de que las indagaciones identifiquen a los responsables y se les castigue “con rigor”.
También manifestó que continuará colaborando con el Gobierno para que los recursos desviados sean devueltos íntegramente a los beneficiarios.
El presidente Lula da Silva aceptó la dimisión de Lupi y ya nombró como nuevo ministro de Seguridad Social a Wolney Queiroz, quien hasta ahora era viceministro y número dos de Lupi.
También pertenece al Partido Democrático de los Trabajadores (PDT), un partido que forma parte de la base aliada del gobierno de Lula.
Fuente: lavoz.com.ar
wdm.
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