En el informe de la entidad, en el que se analiza la situación de la prensa en 35 países, se señaló con especial preocupación el discurso estigmatizante del presidente libertario contra periodistas críticos y el uso de reformas legales restrictivas sin deliberación pública.
Entre las expresiones cuestionadas por el organismo se destacan calificativos como "corruptos", "ladrones" y "delincuentes con micrófono", vertidos por el propio jefe de Estado hacia periodistas y medios.
Estas declaraciones, según el informe, no fueron casos aislados, sino parte de una estrategia política que el oficialismo utilizó como parte de su "batalla cultural"; el diagnóstico se enmarca en un contexto de protestas sociales, represión y un clima hostil hacia la prensa.
El estudio de la entidad sumó datos de otras organizaciones, como el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA).
Basándose en información del grupo, destacan que entre abril y julio de este año se registraron 37 casos de agresiones a periodistas, lo que representa un aumento del 24% respecto al mismo período de 2023. El 71% de estos hechos involucró algún tipo de violencia estatal y el 27% fue atribuido directamente al presidente.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) advirtió además que las descalificaciones oficiales "motorizan a un ejército de trols" que alimentan la violencia digital y física contra periodistas.
En paralelo, la CIDH también advirtió sobre retrocesos normativos vinculados al derecho a la protesta, el acceso a la información pública y el funcionamiento de los medios públicos.
Las reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo (algunas por decreto y otras sin deliberación parlamentaria) fueron calificadas como regresivas.
El organismo remarcó que estos cambios afectan la calidad del debate democrático en el país.
En el marco del deterioro del clima hacia la prensa en Argentina, la Relatoría Especial indicó que varios periodistas llevaron sus quejas al Poder Judicial.
Lanata inició causas penales y civiles contra Milei, luego de ser acusado públicamente de "mentiroso" y de recibir "sobres" en alusión a supuestos sobornos.
También el fundador de Perfil, Jorge Fontevecchia, presentó demandas por haber sido calificado como "quebrador serial" y "periodista ensobrado", justo después de la publicación de investigaciones críticas hacia el gobierno.
En este último caso, la Cámara Federal de Apelaciones de Buenos Aires revocó un sobreseimiento inicial a Milei y advirtió que los funcionarios públicos deben tener especial cuidado con sus declaraciones.
El fallo recordó que, de acuerdo a la jurisprudencia interamericana, el discurso oficial no puede vulnerar derechos ni convertirse en una forma de presión contra quienes participan del debate público, sobre todo en contextos de alta polarización.
Además, alegaron que los dichos de Milei "no pueden naturalizarse como parte del debate político" y alertaron que representan un serio riesgo para la libertad de expresión.
La Relatoría sostuvo que este tipo de estigmatización desde las altas esferas del poder puede fomentar hostilidad y aumentar la exposición de periodistas a ataques o represalias.
Fuente: diarioepoca.com
wdm.
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