El Juzgado Federal N° 2 de Catamarca hizo lugar a una medida cautelar y ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) restablecer, en un plazo de 24 horas, la totalidad de las pensiones no contributivas por invalidez que se suspendieron en la provincia y que pague los haberes retenidos a sus titulares.
El fallo, firmado el viernes por el juez Guillermo Díaz Martínez, también prohibió al organismo continuar con las auditorías basadas en la normativa cuestionada y disponer nuevas suspensiones hasta que se dicte una sentencia definitiva en la causa; de cualquier forma, esto último es una decisión que ya había tomado el Ejecutivo la semana pasada.
Esta medida urgente atendió la crítica situación de un colectivo de personas especialmente vulnerables, cuya subsistencia depende de estos beneficios.
La acción de amparo que impulsó este fallo fue presentada por la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores, varios ciudadanos por derecho propio, y el Defensor del Pueblo de la Provincia de Catamarca.
Estos actores se unieron para demandar al Estado Nacional a través de la ANDIS, con el objetivo de que se declararan nulas las suspensiones de las pensiones por invalidez laboral en el ámbito de la provincia, que se adecuara el procedimiento de auditorías a los parámetros constitucionales y legales y que se declarara la inconstitucionalidad del decreto 843/24, que modificó los requisitos para acceder a las pensiones.
Los denunciantes sostuvieron que el mencionado decreto, al derogar normativas anteriores y establecer criterios más restrictivos para el acceso a las pensiones (como la exigencia de una incapacidad total y permanente del 66% y la falta de un vínculo laboral registrado), es inconstitucional y argumentaron que estas barreras de acceso contradicen directamente los principios de progresividad y no regresividad en materia de discapacidad.
Además, los demandantes señalaron que la forma en que se llevaron a cabo las auditorías fue “irregular y lesiva”.
Detallaron que las notificaciones fueron defectuosas y que la distancia entre los domicilios de los pensionados y los centros de atención implicó “una carga irrazonable” para muchos beneficiarios.
A ello se sumó la escasa antelación de los avisos para presentarse y los plazos exiguos para asistir a la revisión.
En algunos casos, incluso cuando los pensionados se presentaron a las auditorías, no había personal disponible para realizarlas.
Fuente: infobae.com
wdm.
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