El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Salta condenó a la ex directora de Asuntos de la Mujer y Diversidad de la Municipalidad de Tartagal, Carla Antonella Cordero Soria y la empleada de esa oficina, Sandra Mabel Domínguez, a las penas de 2 años de prisión en suspenso y de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos -perpetua, para la primera y por 20 años para la segunda-, por el delito de concusión agravada por su función y por ser cometido para provecho propio, por haber exigido dinero a mujeres y personas LGBTI+ a cambio de ingresarlas como beneficiarias del programa Acompañar, que instrumenta un subsidio del Estado nacional para víctimas de violencia de género.
En concepto de reparación económica, en tanto, fueron condenadas a pagar $ 2,6 millones en favor de una víctima.
La sentencia fue el producto de la homologación de un acuerdo de juicio abreviado el 26 de septiembre pasado por parte de la jueza María Alejandra Cataldi, quien integró de forma unipersonal el tribunal para este caso.
Por otra parte, la jueza convalidó un acuerdo de suspensión de juicio a prueba por 18 meses respecto de Lautaro Tomás Hurtado, hijo de Domínguez, imputado por el mismo delito en grado de partícipe necesario.
En materia de reparación, el acusado abonó $ 1,5 millón a la misma víctima que debieron reparar las coimputadas, a lo que se sumó un compromiso de 300 mil pesos en seis cuotas mensuales en favor del Santuario “Virgen de la Peña” y la Asociación Fray Domingo Migliori.
El acusado además acordó la realización de 20 horas mensuales de tareas comunitarias por el lapso de 12 meses en la institución religiosa, donde ayudará con tareas de limpieza y mantenimiento y otras que se le requieran.
En tanto, la acusada Celeste Abigail Robles, una cuarta implicada que se desempeñaba como empleada en la misma oficina, irá a juicio oral y público.
Los acuerdos de juicio abreviado y de suspensión de juicio a prueba fueron presentados por el titular de la Sede Descentralizada de Orán, Marcos Romero; el pasado 14 de agosto el fiscal había ratificado la acusación penal contra las cuatro personas implicadas, tras lo cual las defensas se volcaron por arribar a una resolución de conflicto por medio de las salidas alternativas contempladas en el Código Procesal Penal Federal.
Fuente: fiscales.gob.ar
wdm.
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