El Gobierno anticipa que la disputa con la CGT por la reforma laboral "terminará en la Corte"
El oficialismo da por descontado que la CGT agotará todas las instancias judiciales disponibles, pero confía en que el máximo tribunal terminará por avalar la constitucionalidad de una ley sancionada en sesiones extraordinarias.
Desde La Libertad Avanza consideran que la estrategia judicial de la central obrera "es el único camino que tiene", pero anticipan que culminará en una nueva derrota para el sindicalismo cuando la Corte se expida sobre el fondo del asunto.
Ese análisis se apoya en el fallo de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que la semana pasada resolvió a favor del Estado en el expediente caratulado "Confederación General del Trabajo de la República Argentina / Estado Nacional – Poder Ejecutivo Nacional s/ Acción Declarativa", permitiendo que la reforma recupere plena vigencia operativa.
Los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González fueron quienes modificaron el alcance de la apelación y reactivaron la vigencia de la ley tras la medida cautelar que la CGT había obtenido en primera instancia.
Esa cautelar, dictada por el juez Raúl Ojeda, había suspendido 82 artículos de la reforma que modificaban condiciones de contratación, indemnizaciones, banco de horas, fraccionamiento de vacaciones y límites a las contribuciones sindicales, entre otros puntos sensibles para el movimiento obrero.
La respuesta de la CGT no tardó en llegar.
Este lunes, a través de su abogado Pablo Topet, la central recusó a ambos magistrados y pidió la "nulidad absoluta" del fallo que reactivó la ley.
El fundamento central de la recusación es que Pesino y González "prejuzgaron" sobre los derechos que constituyen la materia de fondo de la cautelar, adelantando criterio sobre aspectos que aún no habían sido debatidos en profundidad en el expediente.
La recusación a Pesino tiene además un segundo eje que generó amplio debate. Al día siguiente de dictado el fallo favorable al Gobierno, el Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial un pedido al Consejo de la Magistratura para que el magistrado continúe en funciones más allá de los 75 años, el límite constitucional establecido desde la reforma de 1994.
La coincidencia de tiempos encendió las alarmas y fue interpretada por la CGT como una señal inequívoca de parcialidad.
La central obrera fue contundente en su escrito al calificar esa situación; La CGT en su presentación señaló: "Obtener un beneficio a todas luces mayúsculo como lo es continuar en el ejercicio de la función judicial por cinco años constituye no solo una conducta contraria a la ética, sino también una causa objetiva de apartamiento".
El documento también calificó como "descalificable" la conducta del Estado al promover la continuidad de "un magistrado que acaba de fallar a favor de la posición oficial".
Fuente: elintransigente.com
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