Los trabajadores viales denunciaron penalmente a Javier Milei y su Gobierno por "administración fraudulenta"

El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la Nación Argentina (STVyARA) denunció al presidente Javier Milei y a sus funcionarios por presunto "manejo irregular de los fondos de la Seguridad Social"; según indicaron los gremialistas, miembros del gobierno de La Libertad Avanza se habrían "apropiado de fondos de la seguridad social para inversiones en el ámbito privado". 
El gremio dirigido por Graciela Aleñá acudió al abogado Eduardo Barcesat para presentar la denuncia penal ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), registraba bajo el N° 204/2026. 
En el escrito, los sindicalistas solicitaron la investigación de posibles delitos de "violación de los deberes de funcionario público" y "abuso de autoridad" (art. 248 del Código Penal) en concurso con "administración fraudulenta" (art. 174 inc. 5).
La denuncia afirma que los funcionarios de la gestión libertaria habrían "canalizado estos fondos hacia instrumentos bajo el control de la Comisión Nacional de Valores, organismo ajeno al sistema de seguridad social y al régimen solidario de reparto que sostiene las jubilaciones de los trabajadores en relación de dependencia". 
Asimismo, señalaron que este accionar significa "un retroceso hacia esquemas similares a los implementados durante el régimen de las AFJP", lo que provocó un "prejuicio económico a los trabajadores y solo terminó beneficiando a las entidades financieras". 
La presentación enfatiza la presunta violación de los principios constitucionales fundamentales, principalmente el artículo 14 bis que garantiza el carácter integral e irrenunciable de la seguridad social. Al mismo tiempo, el sindicato destacó los tratados internacionales sobre los derechos del trabajo, que poseen jerarquía constitucional y convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establecen la protección de los derechos laborales bajo las consigan de "dignidad, progresividad y no regresión".
Sobre este último punto, la denuncia sostiene que "las medidas citadas implican un retroceso en materia de derechos sociales, en contraposición a los estándares establecidos por las jurisprudencias nacional e internacional".
Fuente: elintransigente.com
wdm.

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