Las empresas de transporte reclaman una deuda de $ 27.000 millones por los pasajes gratuitos para personas con discapacidad

La Cámara Empresaria de Larga Distancia aseguró que el Estado dejó de pagar las compensaciones en noviembre de 2024 y denunciaron que continúan entregando boletos gratuitos por orden judicial mientras se acumula una deuda millonaria, además advirtieron que el Estado mantiene una deuda acumulada que ya supera los $ 27.000 millones y remarcaron que el conflicto se encuentra judicializado desde hace más de un año. 

La Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI), que nuclea a las empresas de micros de larga distancia, salió a cuestionar con dureza la decisión del Gobierno de eliminar el régimen de compensaciones destinado a cubrir parte de los pasajes gratuitos para personas con discapacidad, trasplantados y pacientes oncológicos pediátricos. 

Desde el sector empresario sostienen que la medida fue tomada en medio de una disputa judicial abierta y en un contexto de incumplimiento del Estado nacional; según señalaron en un comunicado, las compañías continúan garantizando el beneficio pese a que el Gobierno dejó de pagar las compensaciones hace más de un año. 

La CELADI indicó que “El transporte de larga distancia dejó de ser considerado un servicio público tras la desregulación impulsada por el Decreto 883/24, pero las empresas siguen obligadas a absorber una carga que históricamente era compensada por el Estado”. 

Las empresas aseguran que el último pago recibido corresponde a noviembre de 2024 y, desde entonces, la deuda se habría ido acumulando mes a mes mientras las compañías continuaban entregando más de 1,5 millones de pasajes gratuitos al año. 

El conflicto escaló aún más el pasado 18 de mayo, cuando el Juzgado Federal declaró formalmente el incumplimiento del Estado nacional y aprobó una primera liquidación de deuda por $ 8.753 millones correspondiente al período comprendido entre noviembre de 2024 y abril de 2025.

Según CELADI, esa cifra representa solo una parte de la deuda total, ya que los períodos posteriores continúan siendo relevados dentro de la misma causa judicial y, afirman que el monto acumulado, afirman, supera actualmente los $ 27.000 millones. 

Las empresas insistieron en que no cuestionan el derecho de las personas con discapacidad y de los pacientes alcanzados por las leyes vigentes a viajar gratuitamente.

No obstante, plantearon que resulta “inconsistente” que el Gobierno desregule el sector y, al mismo tiempo, pretenda trasladar completamente ese costo a compañías privadas sin ningún tipo de compensación estatal. 

Fuente: tn.com.ar 

wdm.