La Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de Diputados, presidida por Pablo Yedlin (UP), mantuvo el martes la primera reunión informativa para abordar la problemática sobre violencia contra niños y adolescentes en entornos digitales y el debate de una ley que establezca un marco regulatorio de las redes.
Los expositores invitados coincidieron en la necesidad de una ley que establezca un marco regulatorio de las plataformas y alertaron que “las redes sociales se convirtieron en una nueva herramienta para la violencia en niños y adolescentes”.
Yedlin recordó que hay “muchos proyectos de distintos bloques que hacían alusión al tema, nos paree importante empezar una de varias reuniones para poder ir constituyendo un proyecto en común para que este tema se transforme en un dictamen” y añadió: “Estamos con un tema que le preocupa al mundo. Esto se viene trabajando y nos vienen pidiendo que intentemos exigirles a las plataformas que identifiquen a los usuarios, establecer los límites, coincidir en qué redes”.
Desde el Ministerio Público Fiscal de CABA, Néstor Maragliano indicó que la violencia contra niños se encuentra en los entornos de redes digitales que son “una herramienta de planificación, anonimización y expansión”, y planteó que “las agresiones que ocurren en línea producen consecuencias por fuera como ansiedad, aislamiento, afectación de la escolaridad, autolesiones, explotación sexual y re victimización”.
Maragliano precisó que hoy aparecen fenómenos diversos como el grooming, difusión no consentida imágenes íntimas, sextorsión, ciberacoso, suplantación de identidad, además indicó que desde el Ministerio vienen desarrollando una respuesta institucional especializada que “busca abordar el problema desde una perspectiva integral a través de la investigación penal, la protección de derechos y la asistencia a las víctimas”.
Así, sugirió que “en todo proyecto de ley debería estar establecida un área de atención y acompañamiento de niños y adolescentes víctimas” y propuso: “Los desafíos son los registros porque muchos hechos no llegan al sistema, la velocidad tecnológica porque la innovación es más rápida, cooperación con plataformas es lo más complicado porque muchas empresas son del exterior, prevenciones por eso es necesario avanzar en la alfabetización digital”.
Maragliano remarcó que “Es necesario una política pública integral en lo que hace a los entornos digitales y no puede descansar solo en el sistema penal, se necesita la prevención, la detección temprana y la respuesta especializada porque los entornos digitales son uno de los principales escenarios donde se expresan nuevas formas de violencia y el desafío del Estado es construir capacidades para prevenir, detectar y proteger tempranamente”.
Florencia Vallino, directora ejecutiva de fundación ANDHES, señaló que la regulación de la violencia en entornos digitales debe incluir “mecanismos de acceso a la justicia en un sentido amplio, tomando dimensiones variadas y deben ser amigables con los chicos”, y manifestó: “Hay una enorme brecha entre el acceso formal y el reconocimiento efectivo a los derechos de los niños”. La expositora recomendó que los mecanismos de denuncia sean accesibles, adecuados, seguros y que se fortalezca el sistema de protección integral.
A su turno, Verónica Toller -directora del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección a las Víctimas del Ministerio de Seguridad Nacional- alertó que “la trata de personas ha mutado a través de los entornos digitales”, donde la infraestructura digital hace “vigilancia permanente todo el día; perfilamiento de algoritmos de búsqueda incesante de menores de edad para determinado perfil para realizar explotación sexual vía streaming, ludopatía, pornografía infantil, uso de IA para la producción de material”.
Fuente: parlamentario.com
wdm.
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