La jefa del bloque Unidad Ciudadana señaló que "El 29 de enero nos enteramos por una noticia de @LucianaBertoia publicada en @pagina12 que la Armada había decidido mudar su archivo general y 'triturar' (sic) documentación de los últimos 150 años".
La legisladora K, que presentó como amicus curiae de la medida cautelar presentada por el abogado querellante Pablo Llonto en la megacausa ESMA, resaltó que "esta decisión podría comprometer documentos vinculados no sólo a la última dictadura militar, sino también a las causas del hundimiento del submarino ARA San Juan o al espionaje ilegal practicado a los familiares de las víctimas".
En ese sentido, en su escrito apuntó que "uno de los destinatarios de la orden de traslado es el contralmirante Enrique Antonio Balbi, quien ofició como 'vocero' de la Armada Argentina durante la crisis político-militar derivada del hundimiento del submarino ARA San Juan".
La senadora sostuvo que "El intento de triturar 100 años de un plumazo alarma a nuestra sociedad y puede obstaculizar las investigaciones judiciales vigentes", entre los documentos del archivo se encuentran legajos personales, partes informativos, memorias anuales, expedientes de “Justicia Militar”, “documentación histórica” sin especificar, y partidas de nacimiento, casamiento y defunción.
A través de su perfil de X, Di Tullio expresó: "Como integrante del Senado, órgano constitucional responsable de ejercer el control civil sobre las Fuerzas Armadas, me constituyo como 'amiga del tribunal', resguardando así el más amplio debate sobre el asunto".
Según la Corte Suprema de Justicia, el amicus curiae (“amigo del tribunal”) es un instrumento que tiene por objetivo permitir la participación ciudadana en la administración de justicia en causas de trascendencia colectiva a fin de resguardar el más amplio debate como garantía esencial del sistema republicano democrático.
Según publicó Página/12, la cúpula de la Marina dispuso, a través de una resolución reservada, la mudanza del Archivo General de la Armada del edificio ubicado en Bolívar 1622 al Garage Central, situado en Retiro.
Ante la alerta de que se pierda material sensible, vinculado a las investigaciones por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, hubo distintos abogados y organismos de DD.HH. que se presentaron ante la Justicia, entre ellos Pablo Llonto, la ex diputada del FIT Myriam Bregman, el CELS e H.I.J.O.S Capital.
Fuente: parlamentario.com
wdm.
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