A lo largo del documento se destacan las políticas que viene llevando a cabo el gobierno de Javier Milei aunque y, como es habitual, también mencionó los posibles potenciales riesgos para la implementación de la estrategia.
En este sentido, el BID considera que los principales riesgos de orden macroeconómico son de naturaleza fiscal, del sector externo y políticos, asociados a la posición de liquidez externa y de mayorías legislativas y agrega que se advierte que “los tiempos de reformas clave pueden extenderse por falta de mayoría en el Congreso y la potencial fatiga social ante medidas de ajuste”.
También alertó sobre la posibilidad de “shocks externos que deterioren los términos de intercambio y las condiciones financieras internacionales pueden impactar sobre costos operativos y el espacio fiscal y sobre las inversiones privadas”.
La estrategia de mitigación incluye fortalecer la agenda social y mejorar el sistema de protección social y diseminar los resultados esperados para facilitar el diálogo y el consenso.
Ante ello, señala que para mitigar los riesgos de liquidez externa se planea hacer un monitoreo regular, apoyar el cumplimiento con los compromisos, y facilitar el uso y el desarrollo de instrumentos de cobertura a la par de apoyar el desarrollo del mercado de capitales local, junto con el acceso a instrumentos contracíclicos para mitigar el impacto de crisis externas.
Además señala que el país enfrenta importantes desafíos fiscales debido a la expansión del gasto público acumulada desde 2002 a 2023, que se financió con aumento de la presión tributaria, deuda y emisión monetaria, derivando en inestabilidad macroeconómica, inflación creciente y crisis de deuda y de sector externo recurrentes hasta 2023.
El gasto público consolidado pasó de 29% del PIB en 2002 a 42% en 2023, impulsado principalmente por el crecimiento del gasto social (+8.4 p.p. del PIB), las transferencias al sector privado, que incluye prestaciones sociales (+3.6 p.p. en dos décadas), los subsidios energéticos (+1.8p.p. del PIB) y el transporte (+1.3 p.p. del PIB).
S
e remarca que este proceso estuvo acompañado de ineficiencias asignativas y técnicas, como el aumento del gasto social sesgado a personas de edad avanzada en detrimento de primera infancia, y subsidios económicos en energía y transporte.
Asimismo, se destaca el incremento del gasto en funcionamiento del estado entre 2002 y 2023 (+1.3 p.p. del PIB), así como el déficit de las empresas estatales, que requirió asistencia financiera equivalente a 1.5% del PIB en 2021.
Por último, uno de los principales factores de ineficiencia asignativa es el alto nivel de gasto en jubilaciones y pensiones, qué pasó de 5.6% del PIB en 2005 a 9.8% del PIB en 2023.
Además de las ineficiencias en el gasto presupuestario, el gasto tributario se estima en 3.48% del PIB en 2024, de los cuales 0.4% corresponden a regímenes de promoción económica.
Ante esta situación, en 2024 se inició un proceso de consolidación fiscal que permitió reducir el gasto del Sector Público Nacional en 4.3 p.p. del PIB, concentrándose en el ajuste de subsidios económicos (0.6 p.p. del PIB), transferencias a provincias (0.5 puntos del PIB), salarios (0.4 puntos del PIB), gastos de capital (1.12 puntos del PIB), jubilaciones y pensiones (0.5 puntos del PIB).
En materia de recursos, se señala que la Argentina enfrenta una elevada presión tributaria derivada de la implementación de impuestos distorsivos; en las últimas dos décadas, la presión tributaria federal y provincial se ha incrementado de 16% a 25% del PIB y de 3% a 5% del PIB, respectivamente.
Por otra parte, el BID puntualiza que “la pobreza se ve afectada de modo significativo por la inestabilidad macroeconómica, en particular por la inflación y el freno al crecimiento”.
La tasa de pobreza ha oscilado entre 25 y 50% en los últimos 20 años; el documento reseña que el proceso en curso de corrección de desequilibrios macroeconómicos y de precios relativos iniciado en diciembre de 2024 estuvo asociado a un salto inflacionario y contracción económica iniciales que contribuyeron a que el porcentaje de la población bajo la línea de pobreza alcanzara 52,9% en el primer semestre de 2024, mientras que la tasa de indigencia se ubicó en 18,1% de la población.
La recuperación de la actividad económica y de los salarios reales desde mayo de 2024 está revirtiendo en buena medida esta suba de la pobreza de ingresos, pero sigue siendo igualmente elevada, alcanzando un 38,1% de la población y un 28,6% de los hogares, en un contexto en que los salarios reales formales e informales aún se ubican 27% y 47% respectivamente debajo de los máximos alcanzados en 2017.
Se destaca que “pese a los significativos logros recientes de reducción de pobreza de ingresos, Argentina enfrenta una alta vulnerabilidad a la pobreza (probabilidad de que un hogar entre y salga de la pobreza de modo frecuente) y alta pobreza crónica asociados a la elevada informalidad laboral.
Se estima que más de la mitad de los niños entre 0 y 14 años es pobre; por otra parte, existe una dispersión geográfica importante de la pobreza, con una incidencia mayor en las regiones Nordeste y Noroeste y en el conurbano bonaerense.
El BID también hace referencia a que “los déficits de calidad educativa de las últimas décadas se profundizaron con la pandemia, y son marcados en todos los indicadores, el retroceso en materia de alfabetización es particularmente relevante”.
Esta situación se refleja un incremento a 2019 del porcentaje de estudiantes de 3 grado de primaria que no alcanzaban el nivel mínimo de competencia en comprensión lectora.
También indica que Argentina presenta déficits en materia de atención primaria de salud, de cobertura médica, de incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles y de fragmentación e ineficiencia del gasto en salud.
El documento da cuenta de que, si bien Argentina mantiene un alto nivel de gasto global en salud (10%) por encima del promedio de América Latina (7%) y de países de ingresos altos (8%), presenta resultados sanitarios menores a los esperables para su nivel de inversión e ingreso per cápita.
De esta manera, Argentina alcanza solo el 61% del potencial de mejora en salud alcanzable por un sistema de cobertura universal de salud efectivo.
Además, puntualiza que existe una carencia de indicadores y mecanismos para monitorear y evaluar la calidad de los servicios sanitarios de manera sistemática, imposibilitando la mejora de la calidad prestacional; la cantidad de personas con cobertura pública que tienen registros médicos electrónicos tan solo alcanza el 30,4% en 2023.
sí, el BID señala que “todo esto conlleva a que exista una alta desconfianza en las instituciones de seguridad y justicia del país”.
Además, Argentina enfrenta un aumento de hogares residiendo en condiciones de informalidad urbana y que presentan déficit de cobertura y calidad de agua y saneamiento.
El déficit habitacional en hogares urbanos es del 38,1% significativamente mayor a 2010 (35,5%).
En este contexto, el nivel de cobertura de agua de red pública alcanza el 89,7%, mientras que la cobertura de servicio de cloacas alcanza únicamente el 71,5%.
Fuente: ambito.com
wdm.
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