Según explicó el funcionario, el proceso se realizará mediante una licitación pública nacional e internacional para seleccionar un operador estratégico, y al mismo tiempo, se habilitará una oferta pública inicial para atraer a otros inversores.
El 10% restante del capital quedará en manos de los trabajadores, a través del Programa de Propiedad Participada vigente.
El portavoz señaló que “Desde su estatización en 2006, AySA requirió aportes del Estado por u$s 13.400 millones; a su vez, destacó el deterioro en la infraestructura y los altos costos operativos, “Durante la gestión estatal, la dotación creció un 90% y el nivel de morosidad se disparó al 16%, cuando antes era del 4%”.
El Ejecutivo busca que la privatización modernice el sector, aumente la eficiencia operativa y garantice un mejor servicio; la Comisión Nacional de Valores será la encargada de regular el proceso.
Según el Gobierno, AySA fue históricamente utilizada con fines políticos, en esa línea, Adorni afirmó que “Sólo en la última gestión, se gastaron más de u$s 4.800 millones; se destinaron 200 millones a obras, de las cuales el 25% se concentró en Tigre y Malvinas Argentinas, donde residía la cúpula directiva de la empresa”.
Adorni añadió que el modelo mixto propuesto busca garantizar que la empresa quede en manos privadas sin perder participación estatal indirecta, a través de los empleados. Esta medida se alinea con otras políticas de desestatización que impulsa el Gobierno de Javier Milei, bajo la consigna de achicar el Estado y reducir el gasto público.
Fuente: elintransigente.com
wdm.
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