La jueza Loretta Preska exigió los chats de Luis Caputo y Sergio Massa en el juicio por la expropiación de YPF

La jueza Loretta Preska, del distrito sur de Nueva York, ordenó a la Argentina entregar los chats y correos electrónicos del actual ministro de Economía, Luis Caputo y de su antecesor, Sergio Massa, en el marco del juicio por la expropiación de YPF. 
La medida forma parte del proceso de “discovery”, que busca identificar activos del Estado argentino en el exterior que puedan ser embargados. 
Preska fijó una nueva audiencia para el 6 de agosto, donde se definirán las palabras clave que deben incluir los documentos; la orden también apunta a determinar si organismos como el Banco Central, Aerolíneas Argentinas, Banco Nación, ENARSA e incluso la propia YPF actuaron como alter ego del Estado argentino. 
La Procuración del Tesoro, a cargo de la estrategia jurídica del país, cuestionó con dureza la decisión. Sostuvo que la orden “viola la legislación argentina y estadounidense”, además de representar una intromisión en la soberanía nacional. 
También alertó que la medida no apunta al hallazgo de activos embargables sino a ejercer presión política y judicial. 
Desde el Gobierno remarcaron que la Argentina ya cooperó en el proceso judicial y, según el comunicado oficial, se entregaron más de 100.000 páginas de documentación, incluidas aquellas referidas a cuentas financieras y otros datos sensibles. 
Desde la Procuración indicaron que “El propio Burford Capital reconoció ante sus inversores que utiliza el discovery para hostigar a la República e interferir en sus intentos de recuperación económica”, a su vez, anticiparon que el país analiza apelar esta resolución por considerarla sin precedentes. 
Uno de los principales objetivos del pedido de Preska es comprobar si los organismos estatales actuaron como una extensión directa del Estado.
De ser así, los fondos litigantes podrían avanzar sobre los activos de esas entidades; hasta ahora, la sentencia de u$s 16 mil millones recayó solo sobre la Nación y no sobre YPF, pero Burford ya apeló esa exclusión. 
Según fuentes vinculadas al caso, también se busca determinar si hubo voluntad de cooperación por parte del Estado argentino durante el litigio; esta falta de colaboración ya fue señalada por la jueza y por los demandantes ante el Fondo Monetario Internacional. 
Fuente: elintransigente.com 
wdm.

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