Marcela Pagano logró la imputación del abogado del Gordo Dan y desató una guerra judicial entre los libertarios

La diputada nacional de La Libertad Avanza, Marcela Pagano, protagoniza una nueva escalada judicial tras lograr la imputación del abogado libertario Alejandro Sarubbi Benítez, conocido por representar a Daniel “Gordo Dan” Parisini. 
La causa se disparó por una denuncia por amenazas e incitación a la violencia que involucra a redes sociales, capturas de pantalla, acusaciones cruzadas, recusaciones a fiscales y pedidos de sanción profesional. 
El conflicto quedó formalizado esta semana cuando la fiscal porteña Celsa Ramírez imputó a Sarubbi Benítez por "haber intimidado públicamente" a la legisladora y por presuntamente instigar a sus seguidores a hostigarla. 
La presentación de Pagano señala que el abogado impulsó una campaña en su contra, llegando a agitar escraches e incluso amenazas hacia su hija recién nacida. 
La diputada no solo lo denunció penalmente, sino que también presentó una demanda ante el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, solicitando que se le retire la matrícula profesional; allí incluyó capturas de publicaciones donde el abogado utilizó expresiones como "mogólico", "sidoso", "come trava" y "pedófilo", señalando que se trata de agravios con contenido discriminatorio, ofensivo y violento. 
Pagano sostuvo en su presentación que "Estas conductas exceden la libertad de expresión y configuran un uso temerario de la palabra pública" y enfatizó que ese comportamiento es incompatible con la ética profesional del ejercicio del derecho. 
Sarubbi Benítez respondió con una denuncia por asociación ilícita contra la propia Pagano, su pareja Franco Bindi, la fiscal Ramírez, el periodista Jorge Rial, el conductor de Realpolitik Santiago Sautel y la funcionaria porteña Valentina Etulain; en su escrito, los acusó de formar un entramado para amedrentarlo y filtrar información reservada sobre su hijo menor de edad. 
Además, recusó a la fiscal Ramírez, alegando que desobedeció una orden judicial al no resguardar los datos personales de su hijo en el expediente. 
El abogado sostiene que la legisladora y su entorno publicaron ilegalmente información confidencial y que la causa penal fue manipulada con fines políticos. 
Según su versión, la causa judicial reservada fue difundida incluso por personas ajenas al expediente, lo que, según afirmó, solo pudo haberse dado por una filtración dentro del Ministerio Público Fiscal. 
Fuente: elintransigente.com 
wdm.

Publicar un comentario

0 Comentarios