Dos personas fueron condenadas a penas de entre 8 y 12 años de prisión por manejar una red de explotación sexual desde un establecimiento penitenciario de Tucumán
En el marco de un juicio abreviado donde ambos reconocieron su responsabilidad, la jueza Carina Farías, que integró de manera unipersonal el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, los considero responsables del delito de trata de personas con fines de explotación sexual agravada en contra de ocho mujeres.
Como los dos involucrados ya habían sido condenados por este delito en 2019, el tribunal los consideró reincidentes, en el proceso intervino la Fiscalía General ante el TOCF de Tucumán, a cargo del fiscal general subrogante Pablo Camuña, con la intervención de los auxiliares fiscales Daniel Weisemberg y Lucía Doz Costa.
A pedido de la fiscalía, la jueza federal ordenó una reparación económica integral para las 8 víctimas por $ 130.048.548,04; ese monto está compuesto por la ganancia ilícita de los imputados junto con el lucro cesante y el daño moral sufrido por las víctimas, conforme a lo previsto en el artículo 28 de la Ley 26.364 de prevención y sanción de la trata de personas y la asistencia a sus víctimas.
El cálculo de la reparación económica fue elaborado con intervención de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos y de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
El acuerdo de juicio abreviado fue realizado la Fiscalía General ante el TOCF de Tucumán y contó con la conformidad de las querellas de la Fundación María de los Ángeles y de una de las víctimas, quien fue representada por el Defensor Oficial de Víctimas.
Las damnificadas participaron de manera remota de la audiencia y fueron asistidas e informadas de los alcances del acuerdo por la Dirección Provincial de Asistencia a Víctimas de Trata de Personas.
La investigación permitió acreditar que Walter Ayala dirigió una organización criminal desde la Unidad N° 1 del Complejo Penitenciario de Villa Urquiza, donde se encontraba detenido por una condena previa por trata de personas.
Para llevar a cabo estas maniobras, utilizaba teléfonos celulares no autorizados, mediante los cuales mantenía contacto permanente con las víctimas y con Alejandra Galván, la otra implicada en la maniobra.
De esa forma, impartía instrucciones sobre horarios, turnos, precios, distribución de mujeres entre los distintos departamentos y modalidades de atención a los clientes.
Fuente: fiscales.gob.ar
wdm.
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