Una farmacéutica y un médico de Rafaela fueron procesados por defraudar al PAMI con la emisión de recetas electrónicas apócrifas
De acuerdo a la investigación, se detectaron más de 600 recetas apócrifas entre febrero y septiembre de 2021.
La resolución judicial dada a conocer el lunes pasado surge por requerimiento del titular de la Sede Fiscal Descentralizada Rafaela, el fiscal federal fiscal Jorge Gustavo Onel, tras notificarse de la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario que, luego de analizar el caso y la apelación del MPF, revocó la falta de mérito que se había dictado respecto de ambos imputados.
Los acusados son G.V.B., titular de una farmacia de Rafaela, y el médico A.J.M., residente en la ciudad de Gálvez (a 111 kilómetros de Rafaela), quienes quedaron imputados por el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública, en carácter de autora la primera y de partícipe necesario el médico.
El juez también trabó un embargo sobre sus bienes hasta para cubrir la suma de un millón de pesos para cada uno, a su vez, como medida de coerción, se les impuso la obligación de prestar promesa de someterse al proceso y de no obstaculizar la investigación y de informar al tribunal cualquier cambio de domicilio.
La fiscalía les atribuyó connivencia para “simular una regular provisión de insumos a través de la dispensa de medicamentos y/o productos en nombre de beneficiarios del PAMI que no pertenecían a la cápita del galeno”, generadas con su usuario y clave en el Sistema de Receta Electrónica.
Con el uso de esa herramienta, los acusados habrían emitido diversas recetas entre febrero y septiembre de 2021, siendo que los pacientes desconocieron el consumo y/o la efectiva percepción de los medicamentos; en ese momento, las maniobras obligaron desembolsos de parte del INSSJP por un total $ 1.125.228.
A partir de registros oficiales y tareas realizadas por personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Rafaela de la Gendarmería Nacional, se pudo establecer tanto el domicilio real como comercial de G.V.B., los cuales coincidían con los surgidos en las direcciones IP de las computadoras.
Previa autorización del juez, se allanaron los domicilios y se secuestraron ocho gabinetes de computadora que se encontraban en la farmacia y que fueron oportunamente peritados por personal especializado de las fuerzas de seguridad, logrando recabar información de interés para la causa.
Tras el análisis de las evidencias, el fiscal Onel solicitó la indagatoria de los profesionales, trámite que se formalizó el 6 de octubre de 2023.
Fuente: fiscales.gob.ar
wdm.
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